(AI Translated) Mohamed Khouna Babit, nacido en 1981, defensor saharaui de los derechos humanos, fue detenido y juzgado en un contexto de represión de protestas y demandas relacionadas con los derechos humanos y las libertades fundamentales en el Sáhara Occidental. Fue condenado en 2017 por el Tribunal de Apelación de Salé, Marruecos, a 25 años de prisión, en un caso vinculado a los hechos del campamento de Akdim Ezik.

El preso político saharaui Mohamed Babit trabajaba en la administración local de la ciudad ocupada de Laayoune, pero su actividad de protesta y su participación en manifestaciones lo hicieron objeto de presiones y amenazas recurrentes. Tras la violenta desmantelación del campamento de Akdim Ezik en noviembre de 2010 por la fuerza de ocupación marroquí, participó de forma regular en manifestaciones y marchas exigiendo la liberación de los detenidos y presos, y continuó expresando sus posiciones y participando en protestas, a pesar de lo que dijo haber sufrido en forma de amenazas y presiones por parte de su empleador y de las autoridades.

El 15 de agosto de 2011, Mohamed Khouna Babit fue detenido. Durante su comparecencia ante el Tribunal de Apelación, presentó una narración detallada de las circunstancias de su arresto y de lo que sufrió durante su detención. Declaró que fue sometido a una redada y trasladado a un lugar abandonado cerca del campamento de Akdim Ezik, donde le desnudaron y lo torturaron, y también relató haber sido víctima de otras formas de tortura y malos tratos durante su traslado primero a Agadir y luego a la segunda prisión de Salé.

Según su testimonio, las confesiones y declaraciones en las que se basó el caso no fueron una expresión voluntaria de sus palabras, sino que las firmó, según su relato, bajo la presión de la tortura, la coacción y la intimidación. Asimismo negó de forma explícita haber estado en el campamento de Akdim Ezik el 8 de noviembre de 2010, fecha vinculada a los hechos que constituyeron la base del caso por el que fue juzgado.

Estas declaraciones, junto con las condiciones de su arresto y juicio, plantean serias interrogantes sobre el respeto a las garantías de un juicio justo, en particular lo relativo a la prohibición de la tortura y la inadmisibilidad de confesiones obtenidas bajo coacción como medio de prueba. Su caso también pone de relieve los riesgos que pueden enfrentar los defensores de los derechos humanos cuando participan en protestas pacíficas, documentan violaciones o defienden los derechos de los detenidos.