(AI translated) Mohamed Khouna Bapit, nacido en 1981, es un defensor sahariano de los derechos humanos que fue detenido y juzgado en un contexto caracterizado por la represión de las manifestaciones y las reivindicaciones relacionadas con los derechos humanos y las libertades fundamentales en el Sáhara Occidental. En 2017, fue condenado por el Tribunal de Apelación de Salá, en Marruecos, a 25 años de prisión en un caso vinculado con los acontecimientos en el campamento de Akdim Izik.

El preso político sahariano Mohamed Bapit trabajaba en la administración local de la ciudad ocupada de El Aaiún. No obstante, su actividad protestataria y su participación en manifestaciones lo expusieron a repetidas amenazas y presiones. Tras el violento desmantelamiento del campamento de Akdim Izik por parte de las fuerzas de ocupación marroquíes en noviembre de 2010, participó de manera regular en manifestaciones y marchas para exigir la liberación de los detenidos y prisioneros. Continuó expresando sus posiciones y participando en protestas, a pesar de las amenazas y presiones que, según afirmó, recibió tanto de su trabajo como de las autoridades.

El 15 de agosto de 2011, Mohamed Khouna Bapit fue detenido. Durante su comparecencia ante el Tribunal de Apelación, proporcionó un relato detallado sobre las circunstancias de su detención y lo que sufrió durante su encarcelamiento. Informó que fue sometido a tortura y llevado a un lugar deshabitado cerca del campamento de Akdim Izik, donde le quitaron la ropa y lo torturaron. También contó que sufrió otras formas de tortura y maltrato durante su traslado primero a Agadir y luego al segundo presidio de Salá.

Según sus declaraciones, las confesiones y declaraciones en las que se basó el caso no reflejaban su voluntad real; afirmó que las firmó bajo la amenaza, la presión y la coerción. Además, negó categóricamente haber estado en el campamento de Akdim Izik el 8 de noviembre de 2010, fecha relacionada con los hechos que sirvieron de base para el proceso judicial en su contra.

Estas declaraciones, junto con las circunstancias de su detención y juicio, plantean serias dudas sobre el respeto de las garantías de un juicio justo, en particular en cuanto a la prohibición de la tortura y la inadmisibilidad de confesiones obtenidas por la fuerza como prueba. Su caso también pone de manifiesto los riesgos que pueden enfrentar los defensores de los derechos humanos cuando participan en manifestaciones pacíficas, documentan violaciones o defienden los derechos de los detenidos.