Durante la madrugada, en la finca Hacienda La Asunción, ubicada en el anexo San Gregorio Piedra Parada del municipio de Coatepeque, se registró una intervención policial masiva y desproporcionada. Motivada por denuncias consideradas infundadas por la familia Quintanal Campollo, la acción contó con el despliegue de diez patrullas de la Policía Nacional Civil (PNC), aproximadamente veinticinco efectivos y dos vehículos blindados del Ejército. El objetivo de esta operación fue la captura de cuatro personas, entre ellas la adulto mayor Maria Teresa Barrera Canastuy forman parte de un colectivo de aproximadamente 300 trabajadores de la tercera edad que exigen sus derechos a la jubilación y a la atención médica por parte del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Esta lucha surge tras más de tres décadas en las que la familia propietaria descontó las cuotas a los trabajadores pero nunca las pagó al IGSS. Las personas detenidas son mozos colonos, todos nacidos y criados en la finca, por lo que su permanencia en el lugar es legítima y no constituye usurpación. Por el contrario, los propietarios, Quintanal Campollo, han intentado sistemáticamente desalojarlos de sus hogares para expandir la plantación de caucho.