El 6 de noviembre de 2021 fue detenida arbitrariamente en su casa de habitación por más de veinte agentes policiales que ingresaron a su vivienda de forma agresiva buscando teléfonos y obligando a los familiares a borrar las grabaciones de las cámaras de seguridad, sin presentar ninguna orden judicial, trasladándola a la estación policial del Distrito III de Managua. El 21 del mismo mes fue presentada ante la autoridad judicial, acusándola por el delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en concurso real por el delito de Propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación en perjuicio del Estado de Nicaragua”, no permitiéndole en ese momento un/a abogado/a defensor/a de su elección permaneciendo incomunicada con sus familiares hasta el momento de apertura del juicio. El 25 de noviembre se le realizó la audiencia inicial, donde fue objeto de agresiones verbales por parte de los oficiales de policía del Juzgado, reprendiéndola por llevar ropa interior, obligándola a desnudarse y quitarse la ropa interior que llevaba y le pusieron hacer sentadillas. El 1 de diciembre del mismo año, fue traslada al Centro Penitenciario Integral de Mujeres La Esperanza (EPIM) y le fue dictada sentencia condenatoria el 11 de marzo de 2022. Durante los 25 días que permaneció en las celdas del Distrito III de la Policía Nacional durmió en el piso de la prisión y en una loseta de piedra, sin sábanas ni almohadas. Tampoco, se le permitió el ingreso de toallas. No tuvo acceso a ninguna llamada telefónica, ni visitas de sus familiares o de su abogado, ni atención médica. Fue sometida a interrogatorios durante 20 días consecutivos, durante los cuales habría sido objeto de abusos verbales de parte de los agentes policiales. Logrando visita de sus familiares el 21 de diciembre de 2021 cuando ya estaba traslada al Centro Penitenciario La Esperanza. En el Centro Penitenciario La Esperanza, fue recluida en una celda de máxima seguridad por seis meses donde permaneció vigilada por una custodia afuera de su celda, sin permitirle contacto con ninguna persona. Únicamente, se le permitió tomar patio sol tres veces por semana por media hora, posteriormente fue traslada a otra celda donde compartió su estancia con otras dos defensoras de derechos humanos hasta que fueron excarceladas y deportadas a Estados Unidos. La defensora Pinto es sobreviviente de cáncer de tiroides y le habían practicado una tiroidectomía, por lo que requeriría de una medicación permanente, además padece de insuficiencia renal crónica e hipertensión, por lo que requería de exámenes sistemáticos para evaluar su estado y en su caso, ajustar la dosis de los medicamentos requeridos. Durante el tiempo que permaneció en la cárcel La Esperanza estuvo en condiciones inadecuadas de detención al no contar con atención médica necesaria para tratar sus múltiples padecimientos tales como de insuficiencia renal crónica, hipertensión, hipotiroidismo, pérdida de peso, insomnio, dolores musculares, alergias en la garganta, afecciones respiratorias, desgaste de rodilla, dolores de cabeza y hormigueo en las piernas. Los pocos medicamentos que le permitían ingresar no le eran suministrados en los horarios establecidos, lo que generó complicaciones a su salud permaneciendo por más de una semana en la clínica del penal.