(AI Translated) Poco después de la creación de la Unión por los Derechos Humanos en 2013, la Fiscalía Pública inició una investigación penal contra sus miembros fundadores. Al‑Attawi, junto con otros activistas, fue citado por “cofundar una asociación ilegal”. Se les pidió que congelaran el trabajo de su organización a cambio de su libertad y la promesa de no llevar el caso a juicio, lo que los obligó a aceptar para poder actuar individualmente y en sus capacidades personales. A pesar del cierre de su asociación de derechos humanos, las autoridades volvieron a remitir a Al‑Attawi y a Al‑Otaibi al Tribunal Penal Especial (SCC) el 8 de diciembre de 2016. El 25 de enero de 2018, el Tribunal Penal Especial los condenó a siete años de prisión. Fue acusado de participar en la creación de una organización de derechos humanos (la Unión por los Derechos Humanos) y anunciarla, sin haber obtenido un permiso oficial; de preparar y firmar peticiones y publicarlas en Internet, lo que perjudica la reputación del Reino y sus instituciones de justicia y seguridad; de publicar información sobre sus interrogatorios a pesar de haber firmado compromisos de no hacerlo; de sembrar el caos e incitar a la opinión pública; y de retuitear un tuit publicado por un miembro de la ACPRA, el defensor de derechos humanos Issa Al‑Hamed, que se encuentra actualmente en prisión. A septiembre de 2024, la condena penitenciaria de Abdullah Al‑Attawi ha finalizado oficialmente. Sin embargo, no hay noticias sobre su liberación ni se ha tomado ninguna medida legal para facilitarla.