defensor de los derechos humanos

Omar Al Said

Acciones y Campañas

Afiliación a una organización

  • Saudi Civil and Political Rights Association (ACPRA)

Año de nacimiento de la persona defensora

1992

Género de la persona defensora

Hombre

Tipo de Defensor/a de DDHH

  • Miembro de una ONG

Área de acción de la persona defensora

  • Derechos civiles y políticos

Estado actual

En prisión (preventiva)

Biografía y trayectoria de la persona defensora

(AI translated) Omar Al-Said es un defensor de los derechos humanos y miembro de la Asociación Saudí para los Derechos Civiles y Políticos (ACPRA). Es el miembro más joven de la ACPRA en ser detenido.

Detención desde

23 jun 2018

Geolocalización de la detención

País o área de detención

Región de la detención

  • Asia: Asia occidental

Lugar de detención - Ciudad/Población

Al-Qassim

Lugar de Detención - Centro

Buraidah Central Prison

Actualización del caso / evolución

(AI translated) El 28 de abril de 2013, Omar Al Said fue convocado para un interrogatorio por la Oficina de Investigación y Prosecución del Ministerio del Interior (BIP) antes de ser detenido para ser interrogado. El juicio de Al Said comenzó el 10 de junio de 2013 ante un tribunal penal en Buraydah y el 12 de diciembre de 2013 fue condenado por varios delitos, incluyendo "desobediencia al gobernante", "pertenencia a una organización no autorizada", "incitación al desorden mediante llamadas a manifestaciones" y "daño a la imagen del Estado mediante la difusión de información falsa". Durante el juicio, fue sentenciado a cuatro años de prisión, 300 latigazos y una prohibición de viajar de cuatro años después de su sentencia. El 22 de diciembre de 2015, Al Said fue liberado bajo fianza en espera de apelación. Durante el verano de 2018, fue vuelto a arrestar y actualmente se encuentra detenido sin cargos.

Otros documentos relevantes

(AI translated) La Asociación Saudí por los Derechos Civiles y Políticos (ACPRA) es una organización de derechos humanos fundada el 12 de octubre de 2009, que presentó demandas locales contra el Ministerio del Interior y denunció violaciones de derechos humanos ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y los Procedimientos Especiales. La organización abogó pacíficamente por una monarquía constitucional, un parlamento elegido universalmente, un poder judicial independiente y por la protección del derecho a un juicio justo en el país.

A pesar de los esfuerzos de la asociación para registrarse ante las autoridades, nunca se le otorgó una licencia oficial para operar. ACPRA fue prohibida por una decisión judicial fechada el 9 de abril de 2013, que ordenó la disolución de la organización tras un proceso arbitrario que no pudo ser impugnado.

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