El 11 de mayo de 2018 fue detenido y golpeado por agentes policiales, llevado a la Unidad Policial del Distrito II de Managua, donde continuaron las agresiones hasta fracturarle la clavícula.

El 7 de junio de 2019 fue condenado en un proceso judicial lleno de irregularidades por supuesto robo agravado contra un agente policial. El 30 de diciembre de 2019 fue liberado junto a 90 personas presas políticas, pero fue hostigado en su casa por policías y parapolicías y detenido al menos en dos ocasiones.

El 1 de febrero de 2020, la policía allanó, sin orden judicial, el domicilio de sus padres, y lo detuvieron por segunda vez; fue liberado dos días después. Y el 29 de julio de 2020 fue nuevamente detenido, acusado primero de alterar el orden público y posteriormente agentes policiales informaron que supuestamente le habían encontrado droga, por lo que fue procesado y condenado a 10 años de cárcel.

Estuvo en una celda pequeña con otras 20 personas, sin las condiciones mínimas de higiene, sin ventilación, durmiendo en el piso y recibiendo comida cruda. Además, fue víctima de agresiones y amenazas por parte de agentes penitenciarios y otras autoridades estatales.